La reforma del sistema público de pensiones español ha sido protagonista en el Simposio de alto nivel sobre las políticas de Seguridad Social para Europa que ha servido como colofón del Foro Regional que ha celebrado la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) en la ciudad portuguesa de Oporto.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha participado en este encuentro donde ha detallado los retos a los que se enfrenta el sistema español de pensiones y a los que intenta dar respuesta la sucesión de reformas emprendidas en los últimos años. Retos que son comunes en los países del entorno europeo y a los que las medidas adoptadas en nuestro país pueden servir de ejemplo, como el impacto del envejecimiento de la población en las cuentas públicas y la discriminación estructural sobre las mujeres que se proyecta en el sistema de pensiones. En el caso particular de España, Suárez destacó además la necesidad de hacer frente al empobrecimiento de los pensionistas tras las reformas anteriores y recuperar la legitimación social y política de las medidas que estábamos llevando a cabo para asegurar su pervivencia en el tiempo.

Suárez ha enumerado las reformas emprendidas que comenzaron con la aprobación del complemento para reducir la brecha de género, seguida de un primer bloque de reformas del sistema de pensiones por el que se garantizó su poder adquisitivo al tiempo que se adoptaron medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, se impulsó la reforma del sistema de cotización de autónomos y se desarrolló último bloque encaminado, entre otras cuestiones, a mejorar los ingresos y reforzar las pensiones más bajas.

El secretario de Estados ha subrayado, ante los altos representantes de gobiernos y organizaciones internacionales de Seguridad Social que participan en el Foro, que “estamos en una fase de despliegue de la reforma y de evaluar de los efectos y, hasta el momento, podemos ver que estaba bien orientada y está dando buenos resultados”.

Suárez ha puesto de relieve el efecto de la primera parte de la reforma de pensiones con la reducción de la jubilación anticipada y el aumento de la demorada: “La jubilación anticipada no sólo se está reduciendo, sino que también está disminuyendo la antelación con la que se produce. Además, el peso de la jubilación demorada en las nuevas pensiones casi se ha duplicado y, en 2023, por primera vez, la edad efectiva de jubilación se ha situado por encima de los 65 años”.

Esto también afecta de manera positiva al sistema de pensiones, cuyo Fondo de Reserva “acumula hoy más de 6.000 millones de euros, lo que supone un aumento de cerca de 4.000 millones con respecto a diciembre de 2022. Unos ingresos que serán claves a la hora de hacer frente a la jubilación de los baby boomers en los próximos años”, ha indicado.

El secretario de Estado ha querido destacar lo que para él han sido los aspectos claves de estas reformas y de los buenos resultados que están obteniendo y que pasan por la identificación de la jubilación del baby boom como un problema con un horizonte temporal definido y no irreversible. Con este cambio de paradigma, por primera vez se plantean reformas destinadas a reforzar los ingresos en lugar de orientadas a reducir los gastos con condiciones de jubilación más exigentes o en peores condiciones. Se sitúa la mejora de la protección y la extensión de derechos como objetivo político realizable y, por ejemplo, se ponen en marcha las medidas para reducir la brecha de género en materia de pensiones.

Suárez ha destacado además el papel del diálogo con la vuelta al consenso en el Pacto de Toledo que sirvieron de pistoletazo para trabajar con los interlocutores sociales y concretar las medidas que se negociaron a la vez con las instituciones europeas al vincular estas reformas a los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el simposio celebrado en Oporto se ha debatido sobre las prioridades políticas y las estrategias de Seguridad Social que brindan a las poblaciones una protección y un empoderamiento adecuados a lo largo del ciclo de vida y atienden a la evolución de sus necesidades de seguridad social de manera financieramente sostenible.